En un hecho inédito, la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo propio del 19 de junio pasado y volverán a investigarse como presuntos sobornos los pagos no declarados que Angelo Calcaterra hizo a ex funcionarios kirchneristas. El fallo que ayer quedó sin efecto sacaba al empresario del juicio oral del caso de los cuadernos de las coimas y disponía que fuera investigado por la justicia electoral, como supuesto responsable de meros aportes de campaña no declarados.

La Cámara tomó la decisión por dos votos contra uno. Diego Barroetaveña y Daniel Petrone firmaron la nulidad, con la disidencia de Carlos Mahiques. Ellos tres habían sido los autores del fallo de junio que favoreció a Calcaterra, empresario de la construcción y primo de Mauricio Macri.

El fiscal Raúl Pleé había pedido la nulidad de aquella decisión y lo mismo hizo el organismo que combate el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF). Pleé argumentó que los jueces decidieron sin escuchar a ese organismo, que es una de las partes en la causa de los cuadernos de las coimas.

Así, Barroetaveña y Petrone le dieron la razón: “El trámite de la incidencia no fue integrado correctamente al omitirse desde Secretaría dar noticia del mismo a la UIF”, escribieron.

Nulidad

Los camaristas dijeron que sus fallos no son susceptibles, como regla, del recurso de nulidad, pero que en este caso excepcional aceptarían el planteo porque habían dejado a la UIF sin la posibilidad de ser oída y eso generó un “perjuicio real y concreto para esa parte”.

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Los jueces advirtieron que en la presentación de la UIF había “un argumento nuevo” en el que “hace hincapié” ese organismo que “no había sido mencionado en esos términos” por la fiscalía. “Concretamente -dicen los jueces-, aquella parte refiere que en este caso resulta ‘ineludible realizar un análisis conglobado del plexo probatorio obrante en estas actuaciones con las restantes constancias acumuladas al proceso vinculado al expediente 13.816/2018 (un caso conocido como “camarita”, en el que también está Calcaterra y fueron procesados empresarios por asociación ilícita). “Al respecto -continuaron-, debe destacarse que lo novedoso de tal argumentación no gravita en torno a la referencia en estos actuados de aquella causa acumulada sino a la concreta mención de la existencia de determinadas declaraciones a ella incorporadas”. Las declaraciones en cuestión son de los arrepentidos Ernesto Clarens y Carlos Wagner. De ellas surge que los empresarios hacían pagos “para beneficiarse de las licitaciones de obra pública”, recuerda la Casación.